Alcemos la voz para acabar el derramamiento de sangre.

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Viborianus

Victoriano Robles Cruz

Alcemos la voz para acabar el derramamiento de sangre. ejecucionesCANCUN2019

Ante la crisis política que sufrimos los quintanarroenses, no se vale hablar en voz baja, todos deberíamos ser sonoros y enfáticos. Hay estilos, ciertamente, pero la oportunidad no invita al murmullo ni a los cuchicheos; sino a la transmisión y difusión con eficiencia de esas voces del reclamo de justicia, del llanto de las familias de las víctimas. Debemos consentir que la sonoridad, de las ojivas de las R-15 y las AK-47, cimbre a las autoridades para despertarlos de la impúdica complicidad y comiencen a cumplir con su responsabilidad institucional. ¡Hoy cimbra la conciencia ciudadana! ¡Enfrente el marasmo tolera la impunidad!

¿Por qué el gobierno del cambio no asume su responsabilidad de informarnos a diario de las ejecuciones y otros delitos consumados en la geografía quintanarroense? Bueno, si no pueden hacerlo a diario, al menos a la semana ofrecer a los ciudadanos un reporte condensado de los hechos delictivos de los siete días pasados. ¿Será mucho pedir? ¡Que cumplan con sus deberes institucionales!

Todos los mexicanos -y quintanarroenses- gozamos al menos constitucionalmente del derecho a la información. El derecho de acceso a la información es fundamental para la democracia, porque facilita el ejercicio activo de la ciudadanía, contribuye a una gestión gubernamental transparente, confiable y responsable y robustece el debate sobre lo público. Es decir, fortalece la democracia representativa y participativa y mejora la gobernabilidad.

No obstante, a pesar de estar consagrado en varias disposiciones legales y constitucionales de nuestro país y en convenciones internacionales, se desconoce, y en ocasiones se viola. En algunos casos, porque los ciudadanos o los funcionarios públicos ignoran sus alcances e implicaciones. Pero también porque con frecuencia la información pública es utilizada como si fuera de propiedad del funcionario de turno y no un bien, que como su nombre lo indica, es público”.

Son los ciudadanos, con sus contribuciones tributarias, quienes cubren los salarios y las inversiones en materia de operación de los gobiernos, de toda la burocracia, incluidos los del fallido “gobierno del cambio”. Los servidores públicos, independientemente de su jerarquía, tienen la obligación —legal pero también ética— de proveer información y no de usarla o restringir su uso en función de intereses particulares. No hacerlo implica el incumplimiento constitucional y una traición para los ciudadanos, quienes los eligieron.

¿Por qué, nos cuestionamos muchos ciudadanos y también colegas del gremio periodístico, no informan oportunamente a los ciudadanos? Si no oportunamente, al menos una vez a la semana. Hay colegas profesionales que arrincona al “gobierno del cambio” en el concepto de laincapacidad, si a esa carencia de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, pero otros le refutaron de inmediato: “no es incapacidad sino la complicidad de las autoridades de ese “gobierno del cambio” la principal causa”.

Hay mucha diferencia entre incapacidad y complicidad. Asumimos la complicidad como la participación de una persona junto con otras en la comisión de un delito o colaboración en él sin tomar parte en su ejecución material. El cómplice de un criminal ocupa ese rol por razones que sólo él puede entender, por cuestiones emocionales que lo llevan a preferir quedarse en segundo plano, bajo la sombra de otra persona.

Volviendo a derecho a la información, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, establece en su Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Pero, vale la pena recordad que… “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”. Son los casos típicos en los nichos turísticos desde hace dos años y medio aquí en nuestra entidad, en Quintana Roo. Asimismo, este “gobierno del cambio” no ha considerado esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho. Así suprimió –por capricho- la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¡Eufemísticamente la denominaron abrogar! Desdén, menosprecio y repulsa para el gremio de periodistas y defensores de derechos humanos ha sido el distintivo del “gobierno del cambio”.

Si realmente hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las ejecuciones dolosas realizadas en el periodo de la gobernanza del cambio, quedaríamos en silencio. En dos años y medio han matado a más personas que en un solo sexenio de los cuestionados con el gobierno del cambio. ¿Será que nos quieren callados? ¿Querrán una sociedad sumisa y afónicos? Ciertamente, debemos de crear argumentos y herramientas sonoras que provoquen la evolución de nuestro instrumento tradicional de reclamo, para que nos volteen a ver. Debemos ser todos protagonistas del reclamo por tanta sangre. ¡El silencio solamente es complicidad!

PD.- “A veces, el silencio es la peor mentira”. Miguel de Unamuno (1864-1936) Filósofo y escritor español.

PD.- “Hay que guardarse bien de un agua silenciosa, de un perro silencioso y de un enemigo silencioso”. Proverbio judío.

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